Debido a que gran parte de los impagos son de pequeña cuantía, no resulta viable iniciar un procedimiento judicial de reclamación, por el tiempo y el coste que ello implica. De esta forma, en la mayoría de los casos, tras uno o varios intentos infructuosos de cobro por el Administrador, no queda otra opción que la de esperar a que el moroso pague por voluntad propia, o a que la deuda sea lo suficientemente importante como para reclamarla por vía judicial.

Para los supuestos en que ya existe una deuda de suficiente entidad como para proceder a su reclamación judicial, las Comunidades, y también los Administradores de Fincas necesitan un sistema que les proporcione una asistencia inmediata y constante, tanto en el asesoramiento de las actuaciones a llevar a cabo, como en la puesta en práctica de las citadas actuaciones, que concluyan en la reclamación judicial oportuna, y en su caso, en la ejecución forzosa hasta la conclusión de la controversia por impago.